Álex Kouri no podrá postular en 2026 si no paga S/ 26 millones
La defensa presentó un amparo, pero el Poder Judicial recordó la deuda de S/ 26 millones
El Poder Judicial ratificó este martes la inhabilitación del exgobernador del Callao, Álex Kouri, impidiéndole postular a cualquier cargo público en las elecciones generales de 2026. La decisión judicial es clara: la restricción se mantendrá vigente mientras el exfuncionario no complete el pago de la reparación civil impuesta en su condena penal. La legislación peruana aplica esta limitación a ciudadanos condenados por corrupción que no han cumplido con sus obligaciones de pago.
¿Cuál es la condición legal que mantiene fuera a Álex Kouri?
La condición determinante es la deuda de S/ 26 millones que Álex Kouri mantiene con el Estado por concepto de reparación civil. El Poder Judicial declaró improcedente una acción de amparo presentada por su defensa que buscaba anular los efectos de la sentencia y lograr la rehabilitación automática del exgobernador.
El fallo judicial precisa que la rehabilitación política automática no es viable mientras subsista la reparación impaga, lo cual está conforme a la ley vigente. El Tribunal Constitucional también rechazó previamente un hábeas corpus interpuesto por la defensa de Kouri con el mismo fin.
¿Por qué se le impuso esta millonaria reparación civil a Álex Kouri?
La deuda de S/ 26 millones se origina de la sentencia de junio de 2016, que condenó a Álex Kouri a cinco años de prisión efectiva. La condena fue por el delito de colusión desleal.
El caso está vinculado a la concesión irregular del proyecto vial "Vía Expresa del Callao" a la empresa Convial Callao en 1999. En ese momento, Álex Kouri se desempeñaba como alcalde provincial del Callao.
¿Qué implica esta decisión para las elecciones de 2026?
Con la ratificación de la inhabilitación, el exgobernador Álex Kouri queda formalmente excluido del proceso electoral de 2026. La ley peruana establece que aquellas personas condenadas por delitos dolosos, que ya cumplieron su pena de prisión (como Kouri en el penal de Ancón II), pero que aún registran reparaciones civiles impagas, tienen restringidos sus derechos políticos para ejercer cargos públicos.














