Aprueban inhabilitar a Delia Espinoza por 10 años

Delia Espinoza, fiscal suprema suspendida, fue inhabilitada por el Congreso de la República para ejercer cualquier cargo público durante 10 años. La decisión fue tomada el 3 de diciembre tras una segunda votación que alcanzó los votos necesarios luego de dos pedidos de reconsideración.

En la primera votación, realizada en la mañana, no se logró el mínimo requerido. Sin embargo, durante la tarde, con 71 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones, el Pleno aprobó la inhabilitación por infracción a la Constitución. Esto impide su retorno al Ministerio Público.

¿Por qué fue sancionada Delia Espinoza?

Según el informe aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la fiscal habría respaldado un reglamento que, según los denunciantes, vulneraba la Ley 32130. Esta norma establece que es la Policía Nacional la que dirige las investigaciones preliminares.

Se le atribuyen los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones. Además, la decisión del Congreso abre la posibilidad de un proceso penal en su contra ante la Corte Suprema.

¿Qué dijo la fiscal sobre esta acusación?

Durante su defensa, Espinoza aseguró que no firmó el documento en cuestión y denunció que la votación en su contra forma parte de una “venganza política”. También indicó que al menos 15 congresistas que votaron por su sanción tienen investigaciones fiscales abiertas, lo que, según ella, representa un conflicto de intereses.

Su abogado, Rodolfo Pérez, sostuvo que la sanción no está basada en pruebas directas y que la responsabilidad recaería en otros fiscales. Sin embargo, solo ella fue sancionada, pese a que la denuncia incluía también a Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos.

¿Qué viene ahora?

La inhabilitación impide que Espinoza regrese al Ministerio Público o ejerza cualquier función pública. Además, el Congreso aprobó levantar su fuero, lo que permitirá que pueda ser investigada penalmente. El proceso fue criticado por diversos sectores que consideran que hubo motivaciones políticas.

La fiscal ha calificado lo ocurrido como una vulneración a su derecho de defensa y a la autonomía del Ministerio Público. Sin embargo, el Congreso argumenta que actuó de acuerdo a las normas y que la inhabilitación es una medida constitucional ante presuntas infracciones graves.