Caso Unidad Popular: JNE denuncia penalmente a jueces

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) denunció penalmente a tres jueces por desacatar una orden del Tribunal Constitucional en el caso de inscripción del partido Unidad Popular. La acción fue interpuesta ante la Fiscalía de la Nación.

El organismo electoral sostiene que los magistrados continuaron ejecutando resoluciones suspendidas por el TC, lo que vulneraría las competencias del sistema electoral. La denuncia incluye los cargos de desobediencia y resistencia a la autoridad.

¿Qué motivó la denuncia penal del JNE?

La denuncia se basa en una presunta desobediencia a una medida cautelar otorgada por el Tribunal Constitucional el pasado 7 de octubre. Esta orden suspendía los efectos de resoluciones judiciales que habilitaban la inscripción del partido Unidad Popular.

El JNE señala que, pese a esa orden, los jueces continuaron ejecutando las decisiones que el TC había dejado sin efecto de manera temporal. La procuraduría del organismo considera que esta conducta configura desacato.

¿Quiénes son los jueces denunciados por el JNE?

Los magistrados denunciados ante la Fiscalía son Oswaldo Ordóñez Alcántara, Andrés Tapia Gonzales y Bacilio Cueva Chauca, integrantes de la Primera Sala Constitucional de Lima. Según el escrito, habrían actuado “a sabiendas” de la medida vigente.

El documento fue presentado por el procurador del JNE, Ronald Angulo, quien solicitó a la Fiscalía iniciar una investigación preliminar por los presuntos delitos cometidos por los magistrados.

¿Qué dispuso el Tribunal Constitucional en este caso?

El Tribunal Constitucional otorgó al JNE una medida cautelar en el marco de una demanda competencial con el Poder Judicial. La resolución ordenaba suspender todos los efectos de los fallos que autorizaban la inscripción del partido Unidad Popular.

Además, prohibía que otros órganos judiciales emitieran nuevas resoluciones que pudieran interferir en el desarrollo del calendario electoral de las Elecciones Generales 2026, mientras se resuelve la demanda principal.

¿Por qué el JNE considera que hubo desacato?

El organismo electoral afirma que los jueces insistieron en ejecutar resoluciones judiciales que, por disposición del TC, no tenían efectos legales. Esa actitud, según el JNE, vulnera el derecho al debido proceso de la institución.

En su denuncia, se sostiene que los magistrados actuaron de manera deliberada y con conocimiento de que estaban contraviniendo una orden del máximo intérprete de la Constitución.

¿Qué implicancias tiene esta denuncia para el proceso electoral?

El JNE sostiene que el desacato compromete el normal desarrollo del proceso electoral. Considera que se genera un conflicto de competencias que debe ser resuelto por el Tribunal Constitucional, sin interferencias judiciales.

La inscripción del partido Unidad Popular había sido objetada por el JNE, y la habilitación de su participación fue suspendida por el fallo cautelar. El desacato a esa orden podría afectar el cronograma establecido para los comicios.

¿Qué papel tiene la Fiscalía en este caso?

La Fiscalía de la Nación debe evaluar la denuncia penal y determinar si existen elementos suficientes para iniciar una investigación formal. El JNE solicita que se indague a los jueces por los presuntos delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad.

¿Qué es la demanda competencial planteada por el JNE?

La demanda competencial presentada por el JNE busca definir los límites entre las competencias del Poder Judicial y del sistema electoral. El objetivo es evitar que los jueces interfieran en decisiones del organismo electoral sobre partidos y candidaturas.

El Jurado Nacional de Elecciones denunció penalmente a tres jueces de la Primera Sala Constitucional de Lima por desacatar una medida cautelar del Tribunal Constitucional. La resolución ordenaba suspender los fallos judiciales que permitían la inscripción del partido Unidad Popular, liderado por Duberlín Rodríguez. El JNE sostiene que los jueces ejecutaron resoluciones sin efecto, lo que configuraría desobediencia y resistencia a la autoridad. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de la Nación por su procurador. El caso se enmarca en una demanda competencial entre el JNE y el Poder Judicial por las funciones exclusivas del sistema electoral.