Centro clandestino es intervenido tras muerte de menor en SJL
El establecimiento operaba sin licencia en Canto Grande; parte del personal fue detenido y está en investigación
Un centro de rehabilitación informal fue intervenido por la Policía Nacional tras la muerte de una menor de 15 años al interior del establecimiento. El local operaba sin licencia en la calle San Fernando, en la zona de Canto Grande, distrito de San Juan de Lurigancho.
La adolescente, quien llevaba tres semanas internada, fue hallada sin vida la mañana del último jueves. El centro, que funcionaba bajo el nombre “Espíritu Santo es mi guía”, cobraba 150 soles semanales a los padres de familia por el supuesto tratamiento. Sus familiares denunciaron maltratos y abandono.
¿Qué ocurrió durante la intervención policial?
Luego del fallecimiento, agentes de la Policía ingresaron al centro de rehabilitación e intervinieron a parte del personal que asistía a las jóvenes. Estas personas fueron trasladadas al Depincri 1 de Canto Rey para continuar con las diligencias relacionadas al caso.
Durante la operación, se verificó que el local no contaba con autorización para funcionar como centro de rehabilitación y que las condiciones no eran adecuadas para el cuidado de adolescentes. Las demás internas fueron reubicadas en otro local, pero posteriormente liberadas.

¿Qué indicaron los testimonios y la versión policial?
Varias internas declararon que la menor fue golpeada por las encargadas del centro y que no recibió ayuda médica. Denunciaron además que fue amordazada, maniatada y arrastrada por el inmueble sin que se llamara a una ambulancia.
Por su parte, el jefe policial de la División Este 1, coronel Marcial Flores Humanán, informó que tres internas con mayor tiempo en el centro serían las presuntas responsables de las agresiones que derivaron en la muerte de la adolescente. Las investigaciones continúan para determinar el grado de responsabilidad del personal y de los administradores, quienes están no habidos.
¿Qué acciones exige la familia de la víctima?
Los familiares de la menor fallecida acudieron al local para exigir justicia y conocer el paradero de los directores del centro. Denunciaron tortura y encubrimiento, y piden que se identifique a todos los involucrados en la cadena de hechos que terminó con la muerte de la adolescente.
La intervención al centro pone en evidencia la existencia de establecimientos informales que operan sin control, ofreciendo supuestos tratamientos sin cumplir con las mínimas condiciones de seguridad o supervisión.














