Hoy:

    Gino Ríos: La estrategia del presidente de la JNJ para no ser vacado

    Gino Ríos, presidente de la JNJ, omitió una sentencia por violencia familiar en su hoja de vida. Han pasado 4 meses desde que inició su proceso de vacancia y aún no hay decisión

    Gino Ríos, presidente de la JNJ, omitió una sentencia por violencia familiar en su hoja de vida. Han pasado 4 meses desde que inició su proceso de vacancia y aún no hay decisión. Video: Cuarto Poder

    El presidente de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos Patio, enfrenta un proceso de vacancia por haber omitido en su expediente de postulación una sentencia consentida por violencia familiar emitida en 2011. El fallo fue dictado por el Primer Juzgado Transitorio de Familia de La Molina y Cieneguilla, incluyó medidas de protección y fue ratificado por pericias psicológicas que comprobaron el daño emocional a su exesposa.

    Según la Ley Orgánica de la JNJ, artículo 11, inciso e, están impedidas de integrar la institución las personas con sentencias firmes por violencia contra mujeres, niños o niñas, o a quienes se les hayan impuesto medidas de protección. Ambas condiciones se cumplen en este caso.

    ¿Qué alega la defensa de Gino Ríos?

    La defensa del magistrado, encabezada por el abogado Wilber Medina, sostiene que Ríos no mintió en su declaración porque “nadie se lo preguntó”. Argumentan que la ley exige haber sido “condenado” penalmente, no sentenciado en un proceso civil, como fue su caso. Medina ha calificado el proceso como un intento de “doble moral” impulsado por sectores que buscan desacreditarlo.

    Como parte de su estrategia, Gino Ríos presentó una carta de su exesposa —la misma que lo denunció— en la que minimiza el episodio como un “hecho aislado”. También incluyó una misiva de su actual pareja, asegurando que en sus 11 años de matrimonio no ha vivido situaciones de violencia.

    ¿Qué dicen los miembros de la JNJ y por qué aún no hay decisión?

    Hasta el momento, solo dos de los siete miembros de la JNJ —Francisco Távara y Germán Serkovic— han votado a favor de su destitución. Los otros cinco, incluida la vicepresidenta María Teresa Cabrera, se han mostrado en contra. Esto contrasta con el caso del exmagistrado Rafael Ruiz Hidalgo, quien fue vacado por unanimidad en abril de 2025 por no informar una condena penal por prevaricato de 2010.

    Han pasado cuatro meses desde que se inició el proceso contra Ríos Patio, pero aún no se ha convocado una votación definitiva en el pleno. A diferencia del caso Ruiz, cuyas audiencias fueron públicas y expeditivas, este se ha manejado en sesiones reservadas.

    ¿Qué opinan los expertos sobre la permanencia de Ríos?

    Diversas voces del ámbito legal han expresado preocupación. La abogada constitucionalista Beatriz Ramírez sostiene que la permanencia de Gino Ríos contradice el estándar moral que la misma JNJ fijó con la vacancia anterior. “¿Puede una persona con sentencia por violencia elegir a jueces que juzgan violencia?”, cuestiona. Por su parte, el exmiembro de la JNJ, Alejandro Rospigliosi, advirtió que la inconsistencia podría generar inseguridad jurídica y permitir el regreso de magistrados vacados por vía de amparo.

    Las organizaciones de derechos humanos y colectivos de mujeres exigen la aplicación estricta de la ley y señalan que la falta de coherencia daña la credibilidad del órgano encargado de evaluar la ética de jueces y fiscales a nivel nacional.

    ¿Qué diferencia este caso del de Rafael Ruiz Hidalgo?

    Ambos omitieron haber sido sentenciados antes de su postulación. Sin embargo, mientras Ruiz Hidalgo fue sancionado en un proceso penal por prevaricato, Ríos Patio fue sentenciado en la vía civil cuando la violencia familiar aún no era tipificada como delito penal. Pese a ello, los expertos coinciden en que los efectos jurídicos son similares: ambos tienen sentencias firmes e inapelables que debieron ser informadas.

    Lo que ha generado más críticas es la diferencia en el tiempo de resolución: a Ruiz lo destituyeron en menos de dos meses; a Ríos, lo mantienen en el cargo tras más de cuatro meses, sin resolución pública.