Guerrero: Caso del jefe del INPE es claro, hay evidencia fuerte

El exprocurador anticorrupción, Alex Guerrero, declaró que el caso del jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, es claro y que la Fiscalía ya cuenta con evidencia fuerte que debe ser investigada con rigurosidad.

En una entrevista con Canal N, Guerrero afirmó que los audios difundidos por Cuarto Poder donde muestran que el funcionario habría solicitado S/ 80.000 para facilitar la liberación de un interno, no corresponde a honorarios profesionales, sino a un posible acto de corrupción.

El abogado también señaló que a pesar que el jefe del INPE no quiere someterse a una pericia fonética, el fiscal puede ordenar su conducción compulsiva para obtener su voz y cotejarla con los audios.

¿Por qué debe intervenir el Ministerio de Justicia?

Guerrero fue enfático al pedir una respuesta inmediata del Ejecutivo y del Ministerio de Justicia, ya que el INPE forma parte de ese sector. “Esta situación tiene que ser ya tomada por el ministro. No se puede mantener en el cargo a una persona que tiene una denuncia formal en Fiscalía”, dijo.

Añadió que tanto el ministro como el presidente de la República tienen la facultad de suspender al jefe del INPE, incluso en una etapa preliminar del proceso. “No nos olvidemos que maneja todos los penales del país. La situación institucional es delicada”, remarcó.

¿Qué delitos se investigan y qué más cuestionó Guerrero?

Según detalló, la denuncia podría configurar delitos como tráfico de influencias o cohecho específico, y eso será materia de la investigación fiscal. Además, cuestionó que se hayan reducido los requisitos profesionales para que Iván Paredes accediera al cargo, lo cual podría derivar en nuevas responsabilidades políticas.

“En vez de subir la valla, se bajaron los requisitos. Eso es preocupante”, señaló, y añadió que se debería investigar quiénes firmaron los documentos que permitieron ese cambio normativo.

Finalmente, Guerrero insistió en que ningún funcionario del Estado debe permanecer en su cargo si tiene una denuncia activa en Fiscalía. “La ética pública exige que se aparte. El caso es claro y está en manos de la Fiscalía con evidencia sólida”, concluyó.