IPYS condena acusaciones de crimen organizado contra periodistas

El Instituto Peruano de Prensa y Sociedad (IPYS) expresa su rechazo a la decisión de la Fiscalía de iniciar una investigación preliminar contra tres periodistas bajo los cargos de tráfico ilegal de datos personales y pertenencia a una organización criminal.

Esta investigación se basa en una denuncia presentada por Zamir Villaverde, un conocido acusador de periodistas e investigado por delitos como usurpación, quien ha proporcionado una declaración que ha sido utilizada como fundamento para las acusaciones. 

Los periodistas implicados son Rosana Cueva y Eduardo Quispe de América Televisión, y Beto Ortiz, periodista independiente.

A los tres se les acusa de haber realizado pagos a Karelim López, quien sería una colaboradora eficaz y le habría proporcionado acceso a una fuente. Esta denuncia se apoya en la versión de una sola persona, lo que plantea serias dudas sobre la veracidad y solidez de la misma. 

Además de los periodistas, la investigación también incluye a otras 24 personas, entre las que se encuentran la presidenta Dina Boluarte, el ex primer ministro Alberto Otárola, congresistas, fiscales y policías.

Ellos están acusados de haber tenido influencia en el poder político, pero la acusación contra los periodistas parece carecer de pruebas suficientes y se basa en una interpretación de los hechos que podría dañar la libertad de prensa. 

El IPYS subraya que, aunque los periodistas pueden ser investigados por delitos y querellados por quienes se vean afectados, es fundamental que las medidas fiscales y judiciales adoptadas contra ellos estén bien motivadas.

Las acciones judiciales deben garantizar que no se ponga en riesgo su labor informativa ni la confidencialidad de sus fuentes. 

La acusación de pertenencia a una organización criminal es particularmente grave, ya que esto podría permitir al Ministerio Público solicitar medidas como la incautación de bienes, el levantamiento de comunicaciones y otras restricciones que normalmente se aplican a personas de alta peligrosidad.

Por ello, el IPYS solicita al Ministerio Público que se abstenga de adoptar medidas que restrinjan la libertad de la información y la protección de las fuentes de los periodistas investigados.

Asimismo, solicita que se excluyan lo antes posible las imputaciones infundadas contra Rosana Cueva, Eduardo Quispe y Beto Ortiz. 

"El IPYS reitera que este pronunciamiento se fundamenta exclusivamente en la defensa de los espacios informativos y la libertad de la prensa, sin hacer distinciones respecto a la línea editorial de los medios involucrados, y sin perjuicio del debate ético que pudiera surgir sobre el comportamiento de los periodistas y los medios ante su público", finaliza el comunicado.