Plantean delito por préstamo de cuentas usadas para extorsión

Un nuevo proyecto de ley presentado por la congresista María del Carmen Alva busca sancionar el préstamo de cuentas con fines delictivos, exigir verificación biométrica obligatoria para abrir cuentas bancarias o digitales, y endurecer las condiciones penitenciarias para internos vinculados a organizaciones criminales.

La iniciativa tiene como objetivo combatir delitos como la extorsión y el sicariato, que muestran un crecimiento acelerado en el país.

El texto legislativo fue formulado a partir de datos oficiales que describen una situación crítica en materia de seguridad ciudadana y criminalidad organizada.

¿Qué plantea el nuevo delito de préstamo de cuentas?

El proyecto propone tipificar como delito autónomo el préstamo, alquiler o cesión de cuentas bancarias o billeteras digitales con conocimiento de que serán utilizadas para cometer delitos.

Esta práctica, conocida como uso de “cuentas mula”, está involucrada en más del 60% de los fraudes digitales investigados.

La pena propuesta es de 10 a 15 años de cárcel, y se eleva a 25 años si la cuenta se usa en delitos graves como extorsión, sicariato o secuestro. También se aplicaría una inhabilitación para contratar servicios financieros hasta por 25 años.

¿Qué se propone para abrir cuentas bancarias o digitales?

La iniciativa plantea que la apertura de cualquier cuenta bancaria, billetera digital o servicio financiero electrónico requiera verificación de identidad biofacial y biométrica, es decir, reconocimiento del rostro, huellas dactilares o iris.

Según estimaciones de la SBS, esta medida podría reducir hasta en un 80% los fraudes por suplantación de identidad. La Superintendencia de Banca tendrá 90 días para emitir los protocolos técnicos y de interoperabilidad con RENIEC y la Policía Nacional.

¿Cómo busca intervenir el régimen penitenciario?

El proyecto incluye una modificación del Código de Ejecución Penal para que los internos por extorsión o sicariato vinculados a organizaciones criminales sean clasificados en el Régimen Cerrado Especial, una categoría más restrictiva dentro del sistema penitenciario.

Esta medida busca limitar el uso de teléfonos móviles, aislar a cabecillas de bandas y cortar las comunicaciones que permiten continuar operando desde prisión.

¿Qué cifras respaldan esta propuesta legislativa?

Entre 2020 y 2023, las denuncias por extorsión aumentaron casi un 900%. Solo entre enero y mayo de 2025 se reportaron 11,475 casos, lo que representa un incremento del 22.5% frente al mismo período de 2024.

En homicidios, la tasa creció un 74% en cinco años, y para septiembre de 2025 ya se habían registrado 1,513 casos, superando el total de 2023.

¿Qué impacto económico tendría la nueva ley?

El proyecto estima que, de implementarse, se generarían ahorros anuales de hasta S/ 30 millones en prevención de fraudes digitales. Además, contribuiría a reducir las pérdidas provocadas por la extorsión y el sicariato, que superan los S/ 1,200 millones anuales según el INEI.

También se proyecta un impacto positivo en la confianza de los inversionistas y en la evaluación internacional del país por parte de organismos como el GAFI.

¿Cómo se implementaría la propuesta en distintas entidades?

El proyecto establece que el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y la SBS tendrán 120 días para emitir las normas reglamentarias correspondientes. Además, se creará una mesa técnica de supervisión integrada por instituciones como el Ministerio Público, la DIVIAC, el INPE, la SBS y el RENIEC.

Este grupo deberá presentar un informe al Congreso en un plazo de 180 días tras la aprobación de la ley.

¿Qué rol cumpliría la ciudadanía en esta norma?

El texto incluye la obligación del Ejecutivo de desarrollar una campaña nacional de sensibilización para informar sobre las consecuencias penales de prestar o alquilar cuentas. El objetivo es advertir a los ciudadanos sobre los riesgos legales y evitar que se conviertan en facilitadores involuntarios del crimen organizado.

También se busca promover una cultura de corresponsabilidad en la prevención del fraude financiero y la violencia delictiva.

La congresista María del Carmen Alva presentó un proyecto de ley que propone tres medidas para enfrentar delitos como extorsión y sicariato: sancionar penalmente el préstamo de cuentas con fines delictivos, establecer la verificación biométrica obligatoria para abrir cuentas y modificar el régimen penitenciario para criminales organizados. La propuesta incluye la creación de una mesa técnica interinstitucional, una campaña de sensibilización nacional y la emisión de reglamentos en un plazo máximo de 120 días. Las medidas están sustentadas por datos oficiales sobre criminalidad y buscan reforzar el sistema legal y financiero.