¿En qué consiste proyecto sobre jueces con identidad reservada?

La congresista Patricia Juárez, de Fuerza Popular, presentó un proyecto de ley que plantea mantener la reserva de identidad de jueces y fiscales que participen en procesos relacionados con delitos como sicariato, extorsión y crimen organizado. La propuesta se anuncia como una medida excepcional para proteger la vida e integridad de los operadores de justicia.

La iniciativa sería aplicada por un periodo de prueba de un año, con uso de herramientas digitales y procedimientos diseñados para evitar la exposición pública de los magistrados.

¿Por qué se propone proteger la identidad de magistrados?

Según Juárez, muchos jueces y fiscales están siendo objeto de amenazas y presiones por parte de organizaciones criminales. El objetivo del proyecto es brindarles condiciones mínimas de seguridad para continuar ejerciendo sus funciones, sin exponer sus vidas ni las de sus familiares.

Afirmó que esta medida no representa una reedición de los “jueces sin rostro” aplicados en décadas anteriores, sino una respuesta adaptada al contexto actual.

¿Cómo funcionaría la medida propuesta?

La iniciativa contempla el uso de medios digitales para que jueces y fiscales participen en audiencias o diligencias sin revelar su identidad. Esto podría incluir videoconferencias con anonimización de datos e intervenciones protegidas en entornos virtuales.

La propuesta busca preservar la legalidad del proceso, garantizando que se imparta justicia con transparencia, pero sin poner en riesgo a los operadores del Poder Judicial y el Ministerio Público.

¿Qué dice Juárez sobre la constitucionalidad del proyecto?

Patricia Juárez indicó que la iniciativa no infringe ninguna disposición constitucional ni viola sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aclaró que el enfoque es estrictamente funcional y está orientado a preservar la seguridad personal, sin vulnerar los derechos de los procesados.

“Esta medida excepcional busca proteger la vida y garantizar justicia en contextos de alta peligrosidad”, sostuvo.

¿Qué casos motivaron esta iniciativa?

La congresista mencionó el caso de Margarita Haro Pinto, fiscal provincial penal de San Juan de Lurigancho, quien denunció haber sido extorsionada por la organización criminal Los Chukys de Juan Pablo II. Este hecho fue citado como ejemplo de los riesgos que enfrentan los fiscales.

Asimismo, Juárez sostuvo reuniones con representantes del Ministerio Público, quienes informaron que al menos 80 fiscales estarían amenazados actualmente por redes criminales.

¿La Policía puede brindar protección permanente?

Según lo manifestado por Juárez, el sistema policial no cuenta con la capacidad operativa para brindar seguridad constante a todos los fiscales y jueces amenazados, ni a sus familias. Esta situación refuerza, según indicó, la necesidad de adoptar medidas legislativas complementarias como las planteadas.

En su opinión, el Estado debe responder con acciones específicas en el marco de una lucha integral contra el crimen organizado.

¿Qué alcance tendría la medida?

El proyecto establece que la reserva de identidad tendría aplicación exclusiva en casos de delitos de alta peligrosidad. El periodo de vigencia inicial sería de un año, tras lo cual la medida sería evaluada para determinar si se mantiene, modifica o deroga.

La iniciativa se presenta como una acción focalizada y no generalizada, con el fin de no afectar la transparencia ni la imparcialidad del sistema de justicia.

¿Qué pasos siguen en el Congreso?

El proyecto será derivado a las comisiones competentes para su evaluación técnica y jurídica. Posteriormente, podría ser debatido en el Pleno del Congreso. Hasta el momento no se ha informado si cuenta con respaldo multipartidario o con observaciones formales por parte de organismos especializados.

Juárez concluyó invitando a evaluar la medida como una herramienta de protección, no como un mecanismo restrictivo.

La congresista Patricia Juárez presentó un proyecto de ley que propone la reserva de identidad de jueces y fiscales que enfrenten casos de crimen organizado. La medida se aplicaría durante un año y buscaría proteger a magistrados amenazados. Juárez afirmó que no vulnera la Constitución ni sentencias internacionales. Citó el caso de una fiscal extorsionada y sostuvo que al menos 80 fiscales estarían en riesgo. El proyecto plantea usar herramientas digitales para preservar el anonimato y será evaluado en comisiones del Congreso. La iniciativa no implica un retorno a los jueces sin rostro, según explicó la legisladora.