¿Por qué denunciaron a Rospigliosi por caso cámara del Congreso?

El congresista Edwin Martínez ha presentado una denuncia constitucional contra Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, por el presunto uso indebido de una cámara institucional del Parlamento durante un mitin político de Keiko Fujimori, realizado en la ciudad de Trujillo el 30 de octubre de 2025. La acusación incluye infracciones constitucionales y el presunto delito de uso ilegal de bienes del Estado.

El documento fue remitido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde se solicita la admisión de la denuncia, el inicio de una investigación y la aplicación de sanciones, como la suspensión del cargo, además de la remisión del caso al Ministerio Público.

¿Qué se usó del Congreso en el mitin de Fujimori?

La denuncia se basa en la presencia de una cámara de video y equipos de transmisión del Congreso en el mitin de Keiko Fujimori en Huanchaco. En imágenes difundidas por Sol TV se observan los dispositivos con etiquetas de inventario del Parlamento, lo que probaría que se trató de bienes públicos.

En los videos se ve claramente una cámara con el código “Congreso de la República – registro secuencial 25459 – inventario físico general 2024”. Este dato ha sido citado como prueba en la denuncia, junto a una resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) que inició un procedimiento por presunta vulneración del principio de neutralidad electoral.

¿Cuál es la responsabilidad que se atribuye a Rospigliosi?

Según el denunciante, como presidente del Congreso, Rospigliosi es el responsable administrativo del uso de todos los bienes de la institución. La denuncia sostiene que la responsabilidad puede derivar de una acción directa (si autorizó el uso) o de una omisión (si no evitó que se usara indebidamente el equipo).

El documento señala que cualquier salida de un bien patrimonial debe estar respaldada por procedimientos administrativos formales, y que el presidente del Congreso debe garantizar su cumplimiento.

¿Qué normas habrían sido vulneradas?

Se menciona la posible infracción de los artículos 39°, 40°, 41° y 76° de la Constitución. Estas normas establecen que los funcionarios deben servir al país, respetar la ley y cuidar los bienes del Estado. Además, se invoca el principio de neutralidad electoral, que obliga a los funcionarios públicos a no favorecer a partidos políticos con recursos estatales.

También se cita el artículo 384° del Código Penal, que sanciona a funcionarios que usen o permitan que otros usen bienes estatales para fines ajenos al servicio público. En este caso, el mitin de Keiko Fujimori es presentado como una actividad privada y partidaria.

¿Qué pasó con el trabajador que usó la cámara?

Tras la difusión del video, el Congreso emitió un comunicado recordando que está prohibido usar bienes institucionales para actividades políticas. Días después, el trabajador señalado como responsable presentó su renuncia.

Adicionalmente, se inició un proceso administrativo sancionador para determinar responsabilidades y aplicar sanciones conforme al reglamento del Congreso. Las acciones incluyen revisar quién autorizó o no evitó el uso de la cámara en dicho evento.

¿Qué dijo el Jurado Electoral sobre el caso?

El 7 de noviembre, el Jurado Electoral Especial de Pacasmayo emitió una resolución ordenando al Congreso que identifique al servidor público que utilizó la cámara, así como a quien tenía la custodia del bien. Esta resolución fue difundida públicamente el 10 de noviembre.

El órgano electoral también investiga si otros funcionarios, como los encargados del área técnica, incumplieron su deber de controlar el uso adecuado de los equipos. El objetivo es determinar si se incurrió en una falta al principio de neutralidad electoral.

¿Qué consecuencias podrían aplicarse si se admite la denuncia?

El documento solicita que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice una investigación formal. Si se encuentran indicios suficientes, se pide formular una acusación constitucional ante el Pleno y aplicar sanciones como la suspensión o destitución de Rospigliosi.

Además, se solicita remitir el caso al Ministerio Público para que inicie una investigación penal. La denuncia afirma que se ha vulnerado el deber de imparcialidad y se ha comprometido la institucionalidad del Congreso al permitir el uso de sus recursos en un acto partidario.

El congresista Pedro Edwin Martínez denunció constitucionalmente a Alejandro Rospigliosi por el presunto uso indebido de una cámara del Congreso durante un mitin político de Keiko Fujimori en Trujillo. La denuncia argumenta que se infringieron varios artículos de la Constitución y que se habría incurrido en el delito de uso ilegal de bienes del Estado. Se pide su suspensión y la remisión del caso al Ministerio Público. El Jurado Electoral Especial también inició un procedimiento por falta al principio de neutralidad electoral. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deberá decidir si se abre una investigación.