¿Qué pena propone el Congreso por cubrir el rostro en protestas?
Proyecto de ley propone penas de cárcel y sanciones por cubrir el rostro en protestas y llevar a menores o personas con discapacidad a manifestaciones donde se registren disturbios.
Un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso propone sancionar con hasta 10 años de prisión a quienes decidan cubrir el rostro en protestas donde se registren disturbios. La iniciativa también establece sanciones no privativas de libertad para quienes lleven o autoricen la participación de menores de edad o personas con discapacidad.
El proyecto, presentado por la congresista Elizabeth Medina del partido Somos Perú, busca modificar dos artículos del Código Penal para incluir estas conductas como agravantes o faltas.
¿Qué cambios propone el proyecto en el Código Penal?
La propuesta modifica el artículo 315 del Código Penal para agregar una agravante al delito de disturbios.
Si la persona encapuchada participa en disturbios, la pena podría ser de entre ocho y diez años de prisión, más una multa de entre 365 y 500 días.
También se plantea modificar el artículo 452 para crear nuevas faltas.
En este caso, quienes oculten su rostro o lleven a menores o personas con discapacidad a protestas con disturbios serían sancionados con servicio comunitario o multas económicas.
¿Qué casos recientes motivaron la iniciativa?
El proyecto cita como referencia dos protestas con saldo violento: una en octubre de 2025 y otra en diciembre de 2022.
En ambas hubo enfrentamientos, daños a instituciones, uso de objetos peligrosos y personas heridas o fallecidas.
Según el documento, muchos de los involucrados ocultaron su identidad, lo que impidió que fueran identificados o sancionados por las autoridades.
¿Qué sanciones recibirían quienes lleven menores?
Quienes autoricen o lleven a menores de edad o personas con discapacidad a protestas donde haya disturbios serían sancionados con entre 20 y 40 jornadas de servicio comunitario o con multas de hasta 90 días.
El objetivo, según la iniciativa, es proteger la integridad física y emocional de estas personas en contextos donde se ha comprobado que existe alto riesgo.
¿Existen leyes similares en otros países?
Sí. El proyecto hace referencia a leyes en países como Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia y España, donde está prohibido cubrirse el rostro durante manifestaciones.
Algunas de estas normas existen desde los años 80 y buscan facilitar la identificación de quienes cometen delitos durante marchas.
En Canadá, desde 2013 se puede sancionar con hasta 10 años de prisión a quienes usen máscaras en disturbios.
¿Esta ley afectaría el derecho a la protesta?
El proyecto indica que no busca limitar el derecho a la protesta pacífica, reconocido en la Constitución. Pero señala que este derecho no es absoluto y que debe restringirse cuando se vulneran los derechos de otras personas, se cometen delitos o se pone en peligro a terceros.
El texto argumenta que cubrir el rostro en protestas puede ser un medio para evitar la identificación y fomentar la impunidad.
¿Qué otras razones se mencionan en el proyecto?
La propuesta también menciona que en Perú ya existen antecedentes legislativos que intentaron regular estas conductas. En 2018 se presentaron dos proyectos similares, aunque no fueron aprobados.
Además, el documento sostiene que esta ley no tendría impacto económico para el Estado, ya que se trata de una modificación legal y no implica nuevas estructuras o instituciones.
El Congreso evalúa un proyecto que propone hasta 10 años de prisión a quienes cubran su rostro durante protestas con disturbios. La iniciativa también sanciona con servicio comunitario o multas a quienes lleven a menores o personas con discapacidad a manifestaciones violentas. El proyecto modifica los artículos 315 y 452 del Código Penal y fue presentado por la congresista Elizabeth Medina (Somos Perú). Cita como antecedentes protestas recientes con actos violentos. Además, se apoya en legislación comparada de países como Canadá, Alemania y Estados Unidos. La norma busca facilitar la identificación y proteger a personas vulnerables.











