¿Por qué revocaron la prisión preventiva en el caso Qali Warma?

La Sexta Sala Penal de Apelaciones de Lima revocó la medida de prisión preventiva de 36 meses que pesaba sobre seis investigados en el caso Qali Warma. La decisión judicial fue emitida el 20 de octubre, tras declarar fundadas las apelaciones presentadas por sus abogados.

El Poder Judicial determinó que los investigados enfrenten la investigación preparatoria en libertad, bajo comparecencia con restricciones y reglas de conducta obligatorias.

¿Quiénes son los seis investigados que recuperan su libertad?

Los procesados son Edgar Capani (Frigoinca S.A.C.), Davilton Rodríguez (exabogado del programa), Miguel Rosales (supervisor de Lima y Callao), José Mera (especialista en Loreto), Deyvis Espinoza (especialista del programa) y Yesabella Pazos (inspectora de Digesa). Todos estaban vinculados al extinto programa Qali Warma o a proveedores de alimentos.

La sala también ordenó el levantamiento de las órdenes de captura dictadas contra Espinoza y Pazos.

¿Por qué se revocó la prisión preventiva?

El tribunal consideró que la medida de prisión preventiva era desproporcionada e innecesaria para los fines del proceso. Por ello, fue sustituida por comparecencia con restricciones por un periodo de 36 meses, mientras continúe la investigación preparatoria.

La medida inicial había sido dispuesta por el Trigésimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Crimen Organizado a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción.

¿Qué condiciones deberán cumplir los investigados?

Los seis procesados deberán cumplir con varias reglas de conducta: no salir de sus localidades sin autorización judicial, no comunicarse con testigos o coimputados, asistir a todas las citaciones fiscales o judiciales, y acudir mensualmente a control biométrico.

También deberán pagar cauciones económicas entre 15 mil y 20 mil soles. El incumplimiento de estas condiciones podría generar el retorno a prisión, previa solicitud del Ministerio Público.

¿Qué indica la Fiscalía sobre el caso Qali Warma?

Según la hipótesis del Ministerio Público, dentro del Estado se habría insertado una presunta red criminal que manipuló procesos de selección y contratación en el programa de alimentación escolar Qali Warma, a favor de ciertas empresas proveedoras como Frigoinca S.A.C.

Estas acciones habrían generado riesgos para la salud de escolares en diversos departamentos del país.

¿En qué etapa está el proceso penal?

El caso aún se encuentra en la etapa de investigación preparatoria. La revocatoria de la prisión preventiva no implica cierre del proceso, sino una modificación de la situación jurídica de los investigados.

Durante esta fase, la Fiscalía continuará recolectando elementos probatorios y avanzando en la formulación de cargos para su posterior evaluación por el Poder Judicial.

¿Qué ocurre si incumplen las restricciones?

Si los procesados incumplen las condiciones impuestas por la sala, el juez del caso podrá revocar la comparecencia con restricciones y ordenar su retorno a prisión. La advertencia fue incluida en la resolución del tribunal.

La vigilancia sobre estas reglas recae en el juzgado y el Ministerio Público, quienes deberán verificar el cumplimiento estricto de las medidas.

¿Qué implica esta decisión para el caso?

La resolución judicial no absuelve ni exonera de responsabilidad a los procesados. Su único efecto es permitirles enfrentar el proceso fuera de prisión, bajo estricta vigilancia. El Poder Judicial evaluó que esta alternativa es suficiente para garantizar su presencia durante el proceso penal.

La investigación continuará activa, y las medidas podrán modificarse si surgen nuevos elementos que justifiquen un cambio en la evaluación del riesgo procesal.

El Poder Judicial revocó la prisión preventiva de seis investigados del caso Qali Warma, quienes continuarán bajo comparecencia con restricciones y reglas de conducta durante la investigación. Los beneficiados son exfuncionarios y proveedores vinculados al extinto programa social. La sala superior consideró que la prisión era una medida desproporcionada. Se ordenó su liberación y el levantamiento de órdenes de captura. La Fiscalía sostiene que una presunta red criminal manipuló adjudicaciones a favor de empresas proveedoras de alimentos, lo que habría afectado la salud de escolares. La investigación penal sigue en etapa preliminar y bajo supervisión fiscal y judicial.