¿Qué se decidirá este jueves en el juicio contra Martín Vizcarra?

Este jueves se inicia la etapa final del juicio contra Martín Vizcarra por presuntos actos de corrupción cuando fue gobernador regional de Moquegua. La jueza Fernanda Ayasta dirigirá los alegatos finales, en los que cada parte tendrá 90 minutos para exponer sus conclusiones.

El proceso judicial incluye dos proyectos públicos y una acusación fiscal por sobornos que sumarían S/ 2.3 millones.

¿De qué se acusa a Martín Vizcarra?

El Ministerio Público lo acusa del delito de cohecho pasivo propio por supuestamente haber recibido sobornos en los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua. Se pide una condena de 15 años de prisión efectiva y nueve años de inhabilitación.

Además, se ha solicitado prisión preventiva por seis meses, alegando un riesgo de que el exmandatario obstaculice el proceso judicial.

¿Qué obras están involucradas en el caso?

La primera es el proyecto Lomas de Ilo, adjudicado al consorcio Obrainsa-Astaldi. Según la Fiscalía, Vizcarra habría recibido un millón de soles en 2013 para facilitar esta adjudicación.

La segunda es la ampliación del Hospital Regional de Moquegua, otorgada a ICCGSA. Se le atribuye haber recibido S/ 1.3 millones en este caso. En total, se le imputan S/ 2.3 millones en pagos ilegales.

¿Cuál es la versión de defensa del expresidente?

Vizcarra ha negado haber participado en las adjudicaciones y afirma que los procesos fueron responsabilidad de UNOPS. En su declaración ante el tribunal, indicó que no tuvo injerencia en las decisiones y que los procedimientos fueron llevados por organismos internacionales.

Su defensa sostiene que no existen pruebas suficientes ni condiciones que justifiquen una medida cautelar como la prisión preventiva.

¿Qué documentos contradicen sus declaraciones?

Una investigación periodística reveló documentos oficiales que confirmarían que sí participó en reuniones con UNOPS. Entre ellos, una autorización de viaje firmada por él mismo para asistir a reuniones con ese organismo en noviembre de 2013.

También se presentó un memorándum dirigido al gerente del Gobierno Regional donde autoriza que UNOPS asuma el control de los procesos de selección del proyecto Lomas de Ilo. La Fiscalía afirma que estos documentos contradicen su versión en juicio.

¿El tribunal aceptó estas nuevas pruebas?

No. El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional decidió no admitir las siete nuevas pruebas presentadas por la Fiscalía. Consideró que los elementos ofrecidos eran innecesarios, ya que el juicio ya contaba con suficientes evidencias previas.

Los alegatos finales de ambas partes están programados para este jueves 13 de noviembre a las 9:00 a.m.

¿Vizcarra puede postular a algún cargo político?

No. Actualmente, Martín Vizcarra enfrenta tres inhabilitaciones políticas vigentes, aprobadas por el Congreso. La primera fue en 2021 por el caso Vacunagate; la segunda en 2022 por conflictos de interés; y la más reciente en 2025 por la disolución del Congreso en 2019.

Estas sanciones acumuladas lo mantienen inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta al menos el año 2035.

¿Enfrenta otros procesos judiciales?

Sí. Además del juicio contra Martín Vizcarra por estos presuntos sobornos, el exmandatario enfrenta otros tres procesos penales en curso. Estos casos están relacionados con delitos de organización criminal, corrupción y abuso de poder durante su carrera política.

El caso actual es considerado uno de los más avanzados y complejos dentro de su historial judicial.

Este jueves se inicia la etapa final del juicio contra Martín Vizcarra, acusado de recibir S/ 2.3 millones en sobornos durante su gestión como gobernador de Moquegua. El Ministerio Público solicita 15 años de prisión e inhabilitación. Los proyectos involucrados son Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua. La defensa rechaza las acusaciones y asegura que Vizcarra no intervino en las licitaciones. El tribunal no admitió nuevas pruebas ofrecidas por la Fiscalía. El exmandatario acumula tres inhabilitaciones políticas y enfrenta otros procesos penales en curso por delitos relacionados con corrupción y abuso de poder.