¿Se puede seguir comprando chips en la calle durante emergencia?

Desde el 7 de noviembre, la venta de chips en la vía pública está prohibida en todo el país. Esta medida, emitida en el marco del estado de emergencia, forma parte del Decreto Supremo 128-2025-PCM, con el objetivo de frenar la comercialización ilegal de líneas móviles utilizadas para cometer delitos como extorsión y sicariato.

El decreto desarrolla disposiciones de la Ley 32451 y establece nuevas obligaciones para la Policía Nacional, Osiptel, las municipalidades y las empresas operadoras de servicios móviles. La fiscalización será clave para aplicar la norma.

¿Por qué se ha prohibido la venta de chips en la calle?

El Gobierno decidió prohibir la venta de chips en la vía pública como respuesta a la creciente relación entre líneas móviles no registradas y delitos graves como el sicariato y la extorsión. La venta ambulatoria permite que chips sean activados sin control, dificultando la identificación de los usuarios reales.

La norma establece que las municipalidades distritales deberán reportar a la PNP y a Osiptel los lugares donde se detecte comercialización callejera de servicios móviles, incluyendo datos de ubicación y personas involucradas.

¿Qué debe hacer la Policía Nacional según el decreto?

La Policía Nacional tiene la obligación de comunicar a Osiptel las características de los chips y equipos incautados durante operativos de fiscalización. También deberá reportar si alguna denuncia recibida está relacionada con delitos cometidos a través de líneas móviles, como extorsión o amenazas.

Este intercambio de información busca permitir el rastreo y control de los puntos de venta ilegal y los mecanismos utilizados para activar las líneas.

¿Qué información deben compartir las operadoras?

Las empresas operadoras deben brindar acceso a Osiptel sobre todo el proceso de comercialización, contratación y activación de líneas móviles. Esta información será puesta a disposición del Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial.

El acceso incluirá la ruta de cada SIM Card, desde su distribución hasta su activación, permitiendo conocer a cada persona que intervino en el proceso.

¿Cómo afecta esta medida a los ciudadanos?

Para los ciudadanos, la medida significa que no podrán adquirir chips en la calle, ya que esa práctica ahora está prohibida. Esto busca evitar que personas adquieran líneas con datos falsos o sin validar su identidad, una situación que facilita delitos difíciles de rastrear.

Ciudadanos entrevistados han reportado intentos de extorsión y estafas telefónicas desde números desconocidos, lo cual evidencia la importancia del control de la venta de chips.

¿Qué han dicho los expertos en ciberseguridad?

El especialista en ciberseguridad Miguel Guerra León advirtió que algunos promotores activan chips sin validación completa a cambio de incentivos económicos. Esta práctica ocurre cuando las empresas no supervisan debidamente las metas de venta impuestas a su personal.

Guerra indicó que las medidas son adecuadas si se aplican con operativos coordinados e inteligencia previa para identificar a los responsables de la venta callejera.

¿Qué herramienta brinda Osiptel al público?

Osiptel promueve el uso de la plataforma "Checa tu línea", que permite a los ciudadanos consultar cuántas líneas móviles están registradas a su nombre. En caso de identificar líneas desconocidas, pueden denunciarlas y pedir su anulación.

Esta herramienta busca dar mayor control a los usuarios y prevenir el uso indebido de sus datos personales.

¿Qué se necesita para comprar un chip ahora?

Las empresas operadoras están obligadas a solicitar el DNI del comprador y verificar su identidad mediante un sistema biométrico de huella digital. Esta verificación es obligatoria para activar cualquier línea nueva.

Además, el decreto ratifica que las empresas son responsables de todo el proceso de venta y activación, incluyendo el control de su personal autorizado y de los canales de distribución.

La venta ambulatoria de chips queda prohibida por decreto como parte del estado de emergencia. El Decreto Supremo 128-2025-PCM establece obligaciones para la Policía, Osiptel, municipalidades y operadoras. La medida busca frenar delitos como extorsión y sicariato, vinculados al uso de líneas no identificadas. Las autoridades deben reportar ventas informales y coordinar fiscalizaciones. Osiptel brindará acceso a los procesos de activación. Ciudadanos podrán verificar líneas a su nombre con "Checa tu línea". Las empresas deben validar identidad con huella digital. Especialistas advierten que la activación informal continúa siendo un riesgo para la seguridad ciudadana.