TC evalúa decisión sobre adolescentes procesados penalmente

El Tribunal Constitucional (TC) realizó una audiencia pública para evaluar si la Ley N.° 32330, que permite procesar penalmente como adultos a los adolescentes de 16 y 17 años por delitos graves, vulnera la Constitución.

El Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, el Colegio de Abogados de Ayacucho y el Ministerio Público presentaron demandas acumuladas en contra de esta norma. El tribunal anunciará su decisión dentro del plazo legal establecido.

El proceso gira en torno a la constitucionalidad de incluir a adolescentes como sujetos imputables en el sistema penal ordinario. Las instituciones demandantes consideran que esta norma desconoce los principios de especial protección y tratamiento diferenciado que deben aplicarse a menores en conflicto con la ley penal.

¿Por qué el defensor del pueblo rechaza esta ley?

Durante la audiencia, el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, sostuvo que encarcelar a adolescentes en cárceles comunes no contribuye a reducir la delincuencia juvenil. Por el contrario, advirtió que esa medida refuerza entornos criminógenos y agrava la situación de los menores.

En su intervención, afirmó que el sistema penal juvenil debe orientarse a la reintegración social, evitando castigos desproporcionados. Señaló que la respuesta penal severa solo profundiza ciclos de violencia y estigmatización. Esta postura fue compartida por otros actores institucionales presentes.

¿Qué argumentos presentó Alejandro Muñante?

El congresista Alejandro Muñante defendió la norma vigente al señalar que países de la región ya aplican edades mínimas de imputabilidad penal. Cuestionó el funcionamiento del sistema de rehabilitación juvenil y destacó casos recientes de fallas en los centros de reclusión.

Muñante preguntó si es justo que la ciudadanía cargue con las consecuencias de un sistema penitenciario deficiente. También señaló que algunos adolescentes permanecen en centros juveniles hasta los 22 o 23 años, generando riesgos de convivencia con menores.

¿Qué dice el Poder Judicial sobre esta norma?

El Poder Judicial considera que la Ley N.° 32330 vulnera el artículo 4° de la Constitución y la Cuarta Disposición Final y Transitoria, al desconocer el derecho a un tratamiento especial para adolescentes. Alega que se rompe el principio de progresividad de derechos.

La demanda se sustenta también en tratados internacionales suscritos por el Perú, que establecen la primacía del interés superior del niño. Según los demandantes, esta ley representa un retroceso en la protección de los derechos de los adolescentes.

¿Qué cifras se presentaron sobre adolescentes en prisión?

Cifras del INPE, citadas por el Poder Judicial, indican que hasta julio de 2025 más de 70 adolescentes de 16 y 17 años fueron procesados como adultos. Algunos informes señalan que esa cifra podría superar los 100.

El sistema penal juvenil actual alberga a 3,520 adolescentes, de los cuales 1,914 están internados y 1,606 cumplen medidas en libertad. La magistrada Elvira Álvarez Olazábal sostuvo que el Código de Responsabilidad Penal Juvenil aún no se implementa plenamente.

¿Qué acciones impulsa la Defensoría del Pueblo?

La Defensoría del Pueblo participa en el programa “Rompiendo Cadenas”, orientado a hijos de personas privadas de libertad. Esta iniciativa busca prevenir la reproducción de patrones de violencia y exclusión entre adolescentes vulnerables.

También promueve la conformación de Consejos Regionales para articular políticas públicas con autoridades locales. Estas acciones fueron mencionadas como alternativas a la criminalización temprana de los menores infractores.

¿Qué instituciones apoyan la demanda de inconstitucionalidad?

Además de la Defensoría, el Ministerio Público y el Colegio de Abogados de Ayacucho presentaron argumentos a favor de declarar inconstitucional la ley. El TC también aceptó como amicus curiae al Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP.

Las entidades coinciden en que el marco penal juvenil debe mantenerse separado del sistema penal ordinario. Sostienen que los adolescentes requieren respuestas diferenciadas por parte del Estado y políticas que prioricen su reintegración.

¿Cuándo se conocerá la decisión del TC?

El TC informó que su decisión será emitida dentro del plazo legal correspondiente. El pronunciamiento definirá si la Ley 32330 permanece vigente o si debe ser retirada del ordenamiento jurídico. La audiencia deja en evidencia el debate entre enfoques punitivos y garantistas en materia penal juvenil.

El TC celebró una audiencia para analizar la constitucionalidad de la Ley 32330, que permite procesar penalmente como adultos a adolescentes de 16 y 17 años. El defensor del pueblo señaló que la medida agrava la delincuencia juvenil, mientras que el congresista Alejandro Muñante defendió la aplicación de sanciones severas. El Poder Judicial argumentó que la ley vulnera principios constitucionales y tratados internacionales. También se presentaron cifras sobre adolescentes internados con adultos. La Defensoría destacó programas alternativos como “Rompiendo Cadenas”. El Tribunal Constitucional emitirá su decisión en el plazo legal establecido, tras escuchar todas las posturas institucionales.