Amplían por 30 días el estado de emergencia en Lima y Callao

El gobierno amplió por 30 días el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao ante el aumento de la criminalidad y la violencia. La medida regirá desde el 21 de noviembre de 2025, según se publicó en el diario oficial El Peruano. Durante este tiempo, se permitirá la intervención de la Policía Nacional con apoyo de las Fuerzas Armadas.

Con esta prórroga, se podrán restringir derechos constitucionales como la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y la libertad personal. Las autoridades indicaron que se busca proteger a la población y actuar con firmeza frente a los delitos que afectan la seguridad.

¿Qué zonas están incluidas en el estado de emergencia?

La medida se aplicará en toda Lima Metropolitana y en la provincia constitucional del Callao. Estas regiones han registrado un incremento de actos delictivos, lo que llevó al Ejecutivo a prolongar el estado de emergencia por un mes más. La norma también menciona que se garantizará el respeto a los derechos humanos y el uso proporcional de la fuerza.

La Policía Nacional estará al frente del control del orden interno, con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Ambos cuerpos deberán actuar conforme al Decreto Legislativo 1186, que regula el uso de la fuerza, tanto letal como no letal, en casos de flagrante delito.

¿Qué derechos se pueden restringir durante esta medida?

De acuerdo con el artículo 137 de la Constitución del Perú, el estado de emergencia permite suspender temporalmente derechos para enfrentar situaciones graves. En este caso, se podrán limitar derechos como el libre tránsito, el derecho a reunirse, a la seguridad personal y a la inviolabilidad del hogar.

Las autoridades resaltaron que se protegerá especialmente a las personas vulnerables durante los operativos. Además, cualquier intervención deberá respetar los principios de legalidad y proporcionalidad, para evitar abusos.

¿Qué pasará al finalizar el estado de emergencia?

Una vez que concluya el periodo de 30 días, el Comando de Coordinación Operativa Unificada deberá entregar un informe al Ministerio del Interior. Ese informe incluirá los resultados de las acciones realizadas, y posteriormente será elevado a la Presidencia de la República y al Poder Judicial.

Este reporte será clave para evaluar el impacto real de la medida y decidir si se mantendrá o se levantarán las restricciones. El financiamiento de todas las operaciones involucradas será cubierto con recursos del Estado.