Minjus pide revisar cambios en ley de extinción de dominio

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha lanzado una fuerte advertencia sobre la reciente ley aprobada por el Congreso, que cambia el uso de la extinción de dominio. Esta medida podría dificultar la lucha contra delitos graves como la corrupción, el narcotráfico y el lavado de dinero.

¿Qué cambia con esta ley?

Con esta nueva norma, solo se podrá confiscar bienes de origen ilícito si hay una sentencia judicial firme. Antes, se podía aplicar esta medida de forma anticipada. Esto servía para evitar que los delincuentes oculten o transfieran sus propiedades mientras dura el juicio.

El Congreso aprobó este cambio el jueves en segunda votación. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, había propuesto que la norma regrese a comisión por ser “delicada”. Sin embargo, su propuesta fue rechazada.

Lo que dice el Ministerio de Justicia

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Justicia aseguró que esta medida pone en peligro el uso de una herramienta importante para recuperar bienes ilegales. Además, recordó que desde diciembre del año pasado ya habían advertido sobre los efectos negativos de modificar esta ley.

“El Perú necesita tener leyes fuertes contra el crimen. La extinción de dominio ha sido muy útil para quitarle a los delincuentes lo que obtienen ilegalmente”, señaló el ministerio.

¿Qué consecuencias puede traer?

Según el comunicado, esta ley va en contra de acuerdos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. También puede hacer más difícil que el Perú sea aceptado en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un grupo de países con buenas prácticas en política pública.

Si el Perú muestra debilidad en sus leyes contra la corrupción, su imagen y reputación internacional se podrían ver afectadas.

¿Por qué es importante esta herramienta?

La extinción de dominio permite actuar rápido y evitar que los delincuentes se queden con sus bienes. Sin tener que esperar a una sentencia, el Estado puede incautar propiedades si hay evidencias claras de que fueron obtenidas ilegalmente.