Congreso cambia ley de extinción de dominio pese a críticas
El Congreso aprobó cambios en la ley de extinción de dominio que preocupan al Ministerio Público, el Poder Judicial y al Ejecutivo
El Congreso de la República aprobó este jueves una polémica reforma a la ley de extinción de dominio. Pese al rechazo del Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ejecutivo, la medida fue aprobada en segunda votación con 42 votos a favor, 25 en contra y 10 abstenciones.
La norma modifica varios artículos del Decreto Legislativo 1373, incluyendo nuevos criterios sobre cuándo el Estado puede quitar bienes vinculados a delitos graves, sin necesidad de esperar una sentencia judicial.
¿Qué cambia con esta reforma?
El dictamen modifica 14 artículos y agrega uno nuevo. Lo más cuestionado es que, en ciertos delitos como narcotráfico, terrorismo o trata de personas, no será necesario que haya una sentencia firme para aplicar la extinción de dominio. Así lo indica el literal 2.3 del artículo II del nuevo texto.
Esto ha despertado críticas de quienes temen que se afecten derechos fundamentales. Según la nueva norma, el juez podrá rechazar cualquier intento de suspender el proceso, incluso si hay un juicio o arbitraje en curso.
¿Qué dice la Comisión de Justicia?
Isaac Mita Alanoca, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, defendió la reforma. Asegura que se busca usar los bienes incautados para fortalecer el trabajo del Ministerio Público y otras instituciones que luchan contra el crimen organizado.
Según él, la extinción de dominio debe ayudar a que el Estado aproveche los recursos recuperados de mafias y redes ilegales, y que estos sean usados para seguir investigando y sancionando.
¿Qué dijeron otros congresistas?
Durante el debate, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, pidió que la propuesta regrese a la Comisión de Justicia por tratarse de un tema delicado. Sin embargo, su pedido fue rechazado.
Salhuana advirtió que, aunque la ley original tenía problemas, esta nueva versión puede irse al otro extremo, afectando el derecho a defensa de ciudadanos inocentes.