Extinción de dominio: Advierten afectación en casos emblemáticos
Si el Congreso aprueba cambios en la Ley de Extinción de Dominio, bienes incautados a investigados como Toledo, Cerrón y Orellana podrían regresar a sus manos.
El Ministerio Público ha lanzado una grave advertencia: si el Congreso de la República modifica la Ley de Extinción de Dominio, miles de bienes incautados por corrupción, narcotráfico y otros delitos podrían volver a manos de sus dueños investigados.
Según la Fiscalía, la propuesta del Congreso exige una condena firme para aplicar la extinción de dominio, lo que haría que más de 5,500 investigaciones en curso queden sin efecto, ya que muchas de ellas aún están en proceso judicial.
Casos emblemáticos que podrían beneficiarse
Entre los casos que quedarían en riesgo de ser archivados, destacan los siguientes:
- Vladimir Cerrón: Investigado por criminalidad organizada y lavado de activos, con S/1.5 millones incautados.
- Rodolfo Orellana: Acusado de corrupción y lavado de dinero, con bienes embargados valuados en S/130 millones.
- Alejandro Toledo: Procesado por colusión y tráfico de influencias, con propiedades por más de USD 5 millones bajo custodia del Estado.
- Pedro Pablo Kuczynski: En investigación por lavado de activos, con un inmueble incautado.
- "Artemio": Exlíder terrorista de Sendero Luminoso, con bienes decomisados vinculados a actividades ilícitas.
- Martín Vizcarra: Procesado por corrupción, con 15 propiedades en Lima y Moquegua bajo control estatal.
Si se aprueba la reforma, estos bienes podrían ser devueltos a sus propietarios, ya que el Estado solo podría actuar tras una sentencia firme, lo que puede tardar años en concretarse.
"Los corruptos ganan": el mensaje de la Fiscalía
La Fiscalía advirtió en su cuenta de X que esta medida afectará directamente la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, ya que permitirá que quienes están siendo investigados por delitos graves conserven sus bienes. “Si se modifica la ley, el Estado no podrá recuperar nada. ¡Los corruptos ganan!”, alertó la institución.
En medio de esta polémica, organizaciones especializadas en transparencia y justicia han cuestionado el posible cambio en la ley, señalando que podría convertirse en un grave retroceso en la lucha contra la delincuencia financiera en el país.