¿Qué medidas de austeridad dictó el Gobierno con nuevo decreto?

El Gobierno publicó el Decreto de Urgencia N° 008-2025 para establecer medidas urgentes de austeridad en el gasto público. Esta decisión busca controlar el déficit fiscal, que en septiembre alcanzó el 2.4% del PBI, superando el límite legal de 2.2%. Las restricciones estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025.

La norma establece prohibiciones en transferencias financieras, certificaciones presupuestarias y nuevas inversiones en proyectos no iniciados, como parte de un plan de ajuste fiscal en las entidades del Poder Ejecutivo.

¿Por qué se emitió este decreto de austeridad?

El decreto se emitió para cumplir la regla fiscal del año 2025, que exige que el déficit fiscal no supere el 2.2% del PBI. Hasta septiembre, el déficit llegó al 2.4%, debido a ingresos tributarios menores a los estimados y un gasto público elevado. Esta situación obligó al Ejecutivo a aplicar restricciones para frenar el deterioro de las finanzas públicas.

¿Qué gastos quedaron prohibidos con esta norma?

La norma prohíbe certificar crédito presupuestario en partidas operativas como consultorías, publicidad, eventos, servicios de impresión, contrataciones CAS y celebraciones institucionales. Esto significa que no se podrán iniciar nuevos compromisos financieros en esos rubros hasta fin de año.

El objetivo es evitar gastos no prioritarios y redirigir los recursos a partidas esenciales que ya estén en ejecución.

¿Qué pasa con los proyectos de inversión pública?

El decreto prohíbe habilitar presupuesto para proyectos que no estén en ejecución física o no cuenten con contrato firmado. También impide reasignaciones para otros gastos de capital fuera de proyectos formalmente registrados. Las únicas excepciones son componentes que ya tengan contrato y estén avanzando.

Con estas medidas se busca garantizar que el gasto de capital se concentre en iniciativas en curso y no se generen nuevos compromisos que afecten el equilibrio fiscal.

¿Quién supervisa la aplicación de estas medidas?

La Dirección General de Presupuesto Público es la encargada de implementar y supervisar las medidas. También podrá autorizar excepciones, siempre que sean necesarias para asegurar la continuidad de servicios públicos esenciales. Esta función permite cierto grado de flexibilidad para atender situaciones urgentes.

Los titulares de cada pliego son responsables directos del cumplimiento del decreto.

¿Qué se hará con el dinero que se logre ahorrar?

Los recursos que se liberen por la aplicación de estas medidas serán transferidos a la Reserva de Contingencia. El Ministerio de Economía y Finanzas está autorizado a realizar las modificaciones presupuestarias para consolidar esos fondos. Esta reserva podrá usarse para responder a emergencias o requerimientos críticos del Estado.

La centralización del ahorro fiscal busca proteger la estabilidad financiera en el último trimestre del año.

¿Qué excepciones contempla la norma?

El decreto establece excepciones limitadas a transferencias financieras. Se podrán realizar operaciones en favor de la Caja de Pensiones Militar Policial, el programa Llamkasun para gobiernos locales y el Seguro Integral de Salud. Estas transferencias no están sujetas a las restricciones generales.

Además, las entidades podrán solicitar excepciones si demuestran que su aplicación afectaría servicios esenciales.

¿Cuál es el plazo de vigencia del decreto?

La vigencia del decreto se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025. Durante ese período, todas las entidades del Poder Ejecutivo deben cumplir las restricciones impuestas. La norma fue refrendada por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Julio Álvarez Miranda, y la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Azucena Miralles Miralles, y promulgada por el presidente José Enrique Jerí Oré.

Al cierre del año, el Gobierno evaluará si estas medidas fueron suficientes para recuperar el control del déficit fiscal.

El Gobierno publicó el Decreto de Urgencia N° 008-2025 para imponer medidas de austeridad y controlar el déficit fiscal, que superó el 2.2% del PBI. El decreto prohíbe gastos operativos como consultorías y eventos, limita inversiones a proyectos con contrato firmado y restringe transferencias financieras. Los fondos ahorrados serán transferidos a la Reserva de Contingencia. El Ministerio de Economía podrá autorizar excepciones para evitar interrupciones en servicios públicos. La norma, vigente hasta el 31 de diciembre, es de cumplimiento obligatorio para las entidades del Poder Ejecutivo y forma parte del esfuerzo para restablecer la disciplina fiscal del país.