¿Por qué la Presidencia pagará defensa legal de Ollanta Humala?

La Presidencia de la República financiará con fondos públicos la defensa legal del expresidente Ollanta Humala en el proceso penal que afronta por el caso Gasoducto Sur Peruano. Se trata de una contratación directa de asesoría legal por un valor de S/ 291,600, convocada por el Despacho Presidencial mediante el procedimiento N° 005-2025-DP-1.

El servicio está dirigido a cubrir la etapa intermedia del proceso judicial que se sigue ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Humala enfrenta cargos por asociación ilícita para delinquir y colusión agravada, en un caso calificado como de alta complejidad por el Ministerio Público.

¿Cuándo y cómo se aprobó el contrato de defensa?

El expediente de contratación fue aprobado el 6 de noviembre de 2023. La Presidencia justificó el procedimiento bajo el literal i) del artículo 55.1 de la Ley General de Contrataciones Públicas, que permite contratar servicios especializados sin competencia. El pago será en dos armadas: 40% con el primer entregable y 60% con el segundo.

La convocatoria se publicó un día después de que el Ejecutivo emitiera un Decreto de Urgencia para reducir el gasto público. Este detalle ha generado cuestionamientos, ya que la contratación legal ocurre en un contexto de restricciones fiscales.

¿Qué condiciones debe cumplir el abogado contratado?

El abogado defensor debe acreditar al menos cuatro años de experiencia en derecho penal o procesal penal. También debe contar con estudios complementarios en esa área, y su título será verificado en registros oficiales como SUNEDU o el Ministerio de Educación. La oferta técnica no puede superar la suma aprobada de S/ 291,600.

Además, el contrato estipula la solución de posibles controversias mediante arbitraje. El pago se hará en soles y está sujeto a plazos definidos. En caso el postor sea una MYPE, podrá optar por una retención proporcional como garantía.

¿Cuál es el origen del proceso contra Humala?

El caso Gasoducto Sur Peruano se inició por presuntas irregularidades en la adjudicación de esta megaobra energética durante el gobierno de Humala. El Ministerio Público sostiene que se formó una red para favorecer ilegalmente a empresas como Odebrecht en contratos de alto valor.

La Fiscalía imputa a Humala y otros exfuncionarios por colusión agravada y lavado de activos. Se acusa a los involucrados de haber generado un marco legal que permitió direccionar los contratos, beneficiando a consorcios con pagos ilícitos ocultos en estructuras financieras.

¿Quién más está involucrado en el caso Gasoducto?

En total, hay 23 imputados. La lista incluye exautoridades del Ministerio de Energía y Minas, funcionarios de entes reguladores y altos ejecutivos empresariales. Según la Fiscalía, todos habrían tenido roles específicos, desde la redacción de normas hasta la ejecución del contrato.

El proceso judicial se encuentra en la etapa de control del requerimiento acusatorio. Esta fase antecede a un eventual juicio oral, en el que se decidirá si los acusados enfrentan proceso penal por los delitos señalados.

¿Qué relación tiene este caso con la condena anterior de Humala?

El pedido de defensa ante la Presidencia fue presentado por Ollanta Humala el 11 de agosto de 2023, antes de ser sentenciado por otro proceso. El 15 de abril, fue condenado a 15 años de prisión por lavado de activos vinculados a aportes ilícitos al Partido Nacionalista en las campañas de 2006 y 2011.

Actualmente, cumple su condena en el penal Barbadillo, en Ate. Su esposa, Nadine Heredia, también fue sentenciada en el mismo caso, pero no asistió a la lectura del fallo. Solicitó asilo a Brasil, que fue concedido ese mismo día.

¿Qué dice el Gobierno sobre los hechos imputados?

La Oficina General de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial respaldó la solicitud de Humala. Afirmó que los hechos atribuidos por la Fiscalía ocurrieron cuando este era jefe de Estado. Por ello, la Presidencia asume la responsabilidad de brindarle defensa técnica especializada.

Esta decisión no cubre una eventual etapa de juicio oral. La defensa está dirigida solo a la fase intermedia del proceso, según las bases contractuales revisadas por Canal N.

El Despacho Presidencial aprobó contratar asesoría legal para Ollanta Humala por un monto de S/ 291,600. La defensa corresponde al caso Gasoducto Sur Peruano, en el que se le acusa de colusión agravada y asociación ilícita. La contratación se formalizó tras un Decreto de Urgencia que llama a reducir el gasto público. La Fiscalía considera este caso de alta complejidad y ya presentó la acusación formal. Humala cumple otra condena por lavado de activos. La defensa fue solicitada antes de esa sentencia, y se justifica porque los hechos imputados ocurrieron mientras ejercía el cargo de presidente.