Dina Boluarte en Pataz tras asesinato de 13 trabajadores

La presidenta Dina Boluarte viajó a la provincia de Pataz, en La Libertad, tras el asesinato de 13 trabajadores en un socavón. La tragedia ocurrió en una mina informal operada por la empresa R & R y fue atribuida a una banda criminal vinculada a la minería ilegal.

La mandataria fue captada por Canal N descendiendo de un vehículo oficial, saludando a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), y luego ingresando a una reunión privada. Su visita representa una señal de acción directa frente a una crisis de seguridad.

¿Qué medidas ha tomado el Gobierno en respuesta a este crimen?

El Gobierno anunció una serie de medidas para frenar la violencia. Entre ellas, destaca el cierre total de toda actividad minera en la provincia de Pataz por 30 días. También se decretó toque de queda desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m. en toda la zona.

Además, se instalará una base militar en Pataz para reforzar la presencia del Estado. Las Fuerzas Armadas también tomarán control de la minera Poderosa, considerada estratégica en la región. Estas acciones buscan recuperar el control en un área afectada por bandas armadas.

¿Quiénes se ven afectados por estas decisiones?

Una de las medidas más impactantes fue la exclusión del Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera) de 761 mineros informales, que ahora están suspendidos. Esto significa que no podrán operar legalmente, y podrían ser intervenidos por las autoridades si continúan con sus actividades.

Muchos trabajadores y sus familias viven de esta actividad. Aunque la decisión apunta a cortar el financiamiento de organizaciones ilegales, también genera preocupación por el impacto económico en la zona. Algunos habitantes temen que las restricciones agraven su situación.

¿Cómo reacciona la población local ante estas acciones?

Hasta el momento no se han registrado protestas abiertas, pero existe tensión en la zona. El miedo por la violencia se mezcla con la incertidumbre económica. La presencia de la presidenta busca calmar los ánimos, pero también ha sido vista como una reacción tardía.

Desde el Gobierno se insiste en que estas medidas son necesarias para frenar a las mafias que operan bajo la fachada de la minería. Sin embargo, parte de la población exige más apoyo social y soluciones sostenibles, no solo acciones represivas.

¿Qué se espera que ocurra en los próximos días?

Con las nuevas medidas ya en marcha, el Ejecutivo espera contener la violencia y retomar el control en Pataz. El reto ahora es garantizar que las acciones no afecten a quienes trabajan honestamente. Las autoridades han prometido monitorear la zona y actuar con firmeza frente a cualquier ilegalidad.