Cardenal Castillo: “No hay seguridad en el país tras masacre”
Desde el Vaticano, el cardenal Carlos Castillo pidió no ser indiferentes tras la masacre en Pataz, donde 13 trabajadores fueron asesinados por mafias mineras.
Desde el Vaticano, el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, condenó la masacre de 13 trabajadores en Pataz, La Libertad, a manos de mafias vinculadas a la minería ilegal. “No tenemos seguridad en el país”, dijo en un video grabado antes del cónclave para elegir al nuevo papa.
El cardenal lamentó no poder estar en Perú, pero expresó su cercanía con las víctimas y sus familias. “Este pequeño video sirva para sentirnos cerca de esos 13 hermanos asesinados”, afirmó conmovido.
¿Por qué criticó a las autoridades?
Castillo cuestionó la indiferencia de las autoridades frente a hechos tan graves como los ocurridos en Pataz. “Quizás nos estamos volviendo como autoridades completamente indiferentes”, señaló.
El líder de la Iglesia Católica en Lima recordó que la función de la Iglesia es ayudar a reinspirar a la sociedad y promover una respuesta real de quienes gobiernan. “No podemos dejar hacer y pasar esas situaciones”, remarcó.
¿Qué ocurrió con los trabajadores asesinados en Pataz?
Después de nueve días de búsqueda, las autoridades hallaron 13 cadáveres dentro de un socavón en Pataz. Todos eran trabajadores de seguridad que habrían sido secuestrados y ejecutados por una red criminal asociada a la minería ilegal.
El hallazgo estremeció a la región y confirmó la grave situación de inseguridad que vive esta provincia, donde ni el estado de emergencia ni el toque de queda han logrado frenar la violencia.
¿Cuál es la situación actual en la zona minera?
Pataz es considerada una de las zonas más peligrosas del país. Aunque el gobierno ha emitido 11 decretos de emergencia y ha desplegado militares, el control del Estado sigue ausente.
Empresas como Minera Poderosa denuncian que desde 2022 han ocurrido 39 asesinatos en la zona. Además, 18 torres eléctricas han sido derribadas por grupos criminales.
La masacre más reciente deja en evidencia una crisis estructural en seguridad y control territorial que afecta no solo a trabajadores, sino a toda la población local.