Plantean proyecto de ley para el retorno de jueces sin rostro
La propuesta de reinstaurar figuras como los "jueces sin rostro" busca abordar un problema urgente, como es la protección de jueces y fiscales en contextos de violencia e inseguridad
La ola de inseguridad o terrorismo urbano como lo llaman algunos ha puesto nuevamente en el tapete una propuesta polémica que despierta su atención.
La propuesta de reinstaurar figuras como los "jueces sin rostro" busca abordar un problema urgente, como es la protección de jueces y fiscales en contextos de violencia e inseguridad, pero también revive un debate intenso sobre las garantías constitucionales, los derechos humanos y las lecciones aprendidas del pasado.
Sin embargo, también ha generado controversia debido a casos donde la falta de transparencia en el proceso judicial podría llevar a injusticias, como la condena de personas inocentes.
La amenaza que enfrentan jueces y fiscales en la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo es real. Implementar mecanismos que aseguren su integridad física y profesional es crucial para el funcionamiento del sistema judicial.
La experiencia con los "jueces sin rostro" en décadas anteriores mostró tanto beneficios como costos. Por un lado, fue un instrumento eficaz en la lucha contra el terrorismo; por otro lado, hubo abusos que resultaron en la condena de inocentes y críticas internacionales.
Si bien la idea de proteger la identidad de jueces y fiscales puede parecer una medida inmediata y efectiva, algunos sectores consideran que puede derivar en errores judiciales, violaciones al debido proceso y denuncias internacionales.
Alternativas
Proveer medidas de seguridad reforzadas para jueces y fiscales, como escoltas y tecnología de protección. Aplicar tecnología para mantener la confidencialidad en casos críticos sin comprometer los principios de transparencia y justicia.
Fortalecer el sistema judicial con mejorar la capacitación, recursos y autonomía de los operadores de justicia.
Mientras algunos ven la propuesta como una herramienta necesaria ante problemas radicales, otros la critican por considerarla innecesaria y contraproducente, especialmente si no se garantiza el cumplimiento de estándares internacionales de justicia.