De custodios del INPE a prisioneros

Dentro del penal de Huancayo, los custodios se convirtieron en prisioneros. Agentes penitenciarios, encargados de custodiar a los reclusos, terminaron esposados como delincuentes dentro del mismo presidio que debían vigilar. Aún vestidos con sus uniformes, fueron rodeados, desarmados y despojados de sus radios y silbatos.

La fiscalía y la policía contra el crimen organizado ejecutaron su detención. Más de un año de investigación silenciosa dio resultado. Agentes de la DIGIMIN, del equipo Orión de DIRANDRO y de la División de Crimen Organizado lograron destapar una vergonzosa red criminal que tenía a quince funcionarios del INPE como parte de su organización.

Los guardianes de la ley, los encargados de imponer disciplina tras las rejas habrían cambiado su uniforme de autoridad por el de la complicidad, permitiendo que -a cambio de algunos soles- la cocaína, la marihuana, la pasta básica circule libremente entre los pabellones.

La corrupción en el penal de Huancayo no tenía límites. A cambio de pagos clandestinos se alertaba a los internos sobre las requisas, asegurándoles que sus drogas no serían incautadas. Además, les permitían empaquetar pequeñas dosis en papel para su venta dentro del mismo penal.

Si los sobornos no llegaban, aparecían entonces las inspecciones y los operativos sorpresa como castigo.

La operación arrancó al amanecer del viernes. Equipos de fiscales y agentes especializados se desplegaron en silencio, listos para ejecutar los allanamientos. Con listas en mano, iban tras sus blancos que estaban dentro y fuera de la cárcel.

Mientras se ejecutaban las capturas, otro frente se abría dentro del penal de Huancayo… bajo el pretexto de revisar cuatro celdas del pabellón de máxima seguridad, ingresaron policías y fiscales en su interior. El verdadero plan, sin embargo, se ejecutaba en silencio: asegurar que el personal del INPE estuviera en sus puestos, sin opción a escapar.

En cuestión de minutos, los agentes hallaron lo que ya sabían que encontrarían: droga escondida dentro del penal, la misma que los propios funcionarios del INPE permitían ingresar.

Mientras la requisa seguía su curso, los fiscales y agentes del crimen organizado afinaban los últimos detalles: no buscaban reclusos, buscaban a los propios guardianes. Funcionarios del INPE, ya identificados como piezas de una red criminal serían capturados sin aviso, en pleno cumplimiento de su turno. Nadie sospechaba nada.

Uno a uno, los ocho agentes penitenciarios, entre alcaides, supervisores de seguridad y los encargados de las puertas y controles, fueron detenidos por fiscales y policias.

Diez días antes del operativo, una pieza clave cayó en manos de la justicia: Vilma Rodríguez de la Roca, trabajadora del área de tratamiento del penal de Huancayo, fue capturada cuando intentaba ingresar 200 gramos de cocaína ocultos en sus partes íntimas. SU detención no fue un hecho aislado: fue el golpe que confirmó que la red criminal había contaminado las entrañas mismas del penal y aceleró la caída de toda la organización.

Todos los agentes penitenciarios implicados, junto al resto de la organización criminal, están detenidos y afrontan una orden de prisión preventiva. Si la justicia lo confirma, pasarán los próximos años tras las mismas rejas que hasta solo unos días juraban vigilar.